MERIDIANO

Es que después del famoso traspié con la resolución 125, de la mano del vicepresidente Julio Cobos, la administración de Cristina Fernández de Kirchner no está dispuesta a exponerse a un tiempo de riesgos que pueden minar las pretensiones del oficialismo en 2011.

Así se entiende, por ejemplo, el apresuramiento por la sanción de la nueva Ley de Medios, iniciativa a la que, ahora, le siguió el proyecto de reforma política que ya generó las primeras controversias, como era de esperarse, con todo el arco opositor, casi sin excepciones.

Sin embargo, los cuestionamientos conocidos no apuntan al fondo de la cuestión que conlleva el reordenamiento electoral, sino más bien a la oportunidad en que se tomó la decisión, como un acto reflejo que últimamente surge con mayor frecuencia desde la vereda de enfrente.

“Palo porque bogas y palo porque no bogas”, reza un dicho andaluz del medioevo que resume aquello de que si haces algo te critico y si dejas de hacerlo, también, que bien podría sintetizar las reacciones de la oposición con respecto a la reforma política en discusión.

Se trata, sin duda, de la exteriorización de una clara impotencia que emerge de los referentes de los partidos minoritarios, toda vez que se ven superados en las cuestiones trascendentales, sin admitir que no es más que un síntoma de la corta visión que los caracteriza desde hace ya un buen tiempo.

Dicen desde la oposición que se trata de una cortina de humo, lo mismo que cuando se puso sobre el tapete la Ley de Medios y se limitaron a contar los votos en el Congreso para ver cómo frenaban la iniciativa del oficialismo, sin siquiera dejar trascender al menos una alternativa viable.

Pero si algo es seguro, es que el kirchnerismo no parece dispuesto a dar marcha atrás con nada, una vez que lo echó a andar. Y todo indica que los cambios en el sistema electoral para los cargos nacionales, tampoco quedará en el discurso solamente.

En la misma línea, se inscribió ahora la asignación de 180 pesos por hijo para los desocupados, un universo difícil de dimensionar pero que seguramente implicará otra fabulosa suma de dinero, a la que deberá responder otra vez la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Si bien era un clamor la atención de esa vulnerable franja de la sociedad argentina, en especial de parte de quienes creen descubrir la pobreza recién ahora, la idea anunciada por la Presidenta abre serios interrogantes por el origen de los fondos que se utilizarán.

Los jubilados fueron los primeros en poner el grito en el cielo, y con razón, porque ven cómo se desvían los dineros que, de acuerdo con preceptos constitucionales y por ende legales, los debería tener como únicos destinatarios.

Más todavía porque los pasivos, los de hoy y los venideros, tienen en cuenta que no es el primer manotazo del Gobierno a las cajas de la previsión social para sofocar los focos de incendios que va dejando el manejo de la economía, azuzada por una crisis internacional que de a poco pareciera que intenta despejarse.

Todo ello incluido en un panorama político cada vez más complejo y un cuadro de relaciones internacionales cargado de tormentas y también de logros, como se presentan hoy por hoy los vínculos conflictivos con Brasil y Uruguay, y auspicioso con Chile.

Por un lado, la amenaza concretada del ex presidente y mentor de los Kirchner, Eduardo Duhalde, de volver al ruedo para disputarles los cargos en el Partido

Justicialista y hasta la Presidencia de la Nación, lo que vino a sacudir el tablero en el oficialismo.

No en vano el bonaerense, en los últimos años, se dedicó a tejer con una paciencia casi oriental, distintos acuerdos que cimentaron con el correr de los últimos años y que ahora salió a la luz como un Foro Plural de Reflexión Institucional, tal su denominación.

Ahí estuvieron el ex embajador en Washington, José Octavio Bordón; el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias y el legislador electo Ricardo Gil Lavedra, junto al dirigente radical Rodolfo Terragno. A través de cartas, adhirieron el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Además hubo otros referentes de la política y de la economía que esperaron en vano la presencia del banquero Jorge Brito, quien a último momento adujo razones de salud para evitar el encuentro con quienes intentan transformarse en el principal polo opositor al kirchnerismo. La misma actitud, dicen, adoptó el titular de Diputados, Agustín Rossi, tal vez pensando en la reprimenda que después sí tuvo que soportar Daniel Scioli por haber intentado acercarse a este foro.

De tierra adentro

Con un panorama algo menos ajetreado, en Misiones todas las expectativas están centradas en los recambios que, necesariamente, deberán darse a partir del 10 de diciembre, y aun antes, pero nada indica que pudiera surgir algún tipo de traumas.

Hay dos ministerios y una subsecretaría que tendrán otras cabezas, y con éstas el desembarco de una nueva legión de colaboradores, como siempre sucede. Pero, ¿quién o quiénes serán los bendecidos? Es el interrogante que desvela a más de uno en el oficialista Frente Renovador.

La tensión es mayor si, como dicen algunos y lo desean otros, los cambios van más allá de la sucesión de los electos, en una especie de relanzamiento de la gestión del gobernador Maurice Closs, dispuesto a dejar su marca en los dos últimos años, de cara al desafío del 2011 que tendrá la Renovación.

Por eso, hace tiempo comenzaron las consultas entre el mandatario y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, socios y mentores de la alianza que alumbró en 2003, la misma que ahora intenta sacudirse de algunos elementos que poco contribuyen con su consolidación.

Además, se dice que a la hora del tradicional balance de fin de año, quien tendría más en el debe que en el haber, es el intendente de Posadas, Orlando Franco, cuya gestión ingresó en una llamativa chatura, casi en línea con el escaso vuelo del Concejo Deliberante.

La falta de cintura política del alcalde, se hizo patente en la imposibilidad de llevar a buen puerto su proyectada reforma tributaria, por ejemplo, para lo cual ni siquiera logró encolumnar a su propia tropa dentro del legislativo municipal, y menos aún a los aliados circunstanciales.

Es evidente que, si no hay un cambio de timón en la tarea de Franco, el final del año encontrará a la administración municipal sin esa necesaria herramienta para la financiación de todo el andamiaje de su gobierno, aunque seguramente algún auxilio llegará desde la Provincia. Pero no será lo mismo.

Legislatura provincial prestó su acuerdo para la designación de los abogados Froilán Zarza y César Santiago, como ministros del Superior Tribunal de Justicia, con lo cual se completó la cantidad de miembros de este cuerpo.

La decisión llegó en la última sesión ordinaria, junto a otras catorce normas no menos relevantes, en la que contrariamente a las conjeturas que se conocieron en los días previos, no se incluyó la proyectada descentralización de la Dirección General de Rentas (DGR).

Es cierto que esa iniciativa había levantado una espesa polvareda, aun dentro del oficialismo, a la que hizo frente su autor, el opositor José Garzón Maceda, con la ayuda del mismo Rovira. Se pensaba que el camino estaba allanado, pero no fue así y pocos saben cuáles fueron las razones de ello.

Escuchá, un huracán

En la sucesión de acontecimientos, ya es un verdadero huracán el caso de las escuchas telefónicas que fueron autorizadas por el juez Horacio Gallardo y convalidadas después por su subrogante José Luis Rey, que amenaza con arrastrar a ambos hacia el banquillo.

Los magistrados misioneros fueron citados por el juez federal Norberto Oyarbide, para el martes 10 de noviembre, para que respondan porqué dieron vía libre a los policías Rojas, Guarda y Quintana, y éstos al espía Ciro Gerardo James, para que se intervinieran los teléfonos del dirigente de la Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y al empresario Carlos Ávila.

El trámite, que según los especialistas sólo será posible de concretar si se aclara la condición en que tanto Gallardo como Rey deberían aceptar la citación, desató airadas reacciones entre los hombres y mujeres de la Justicia de Misiones. El procurador general, Miguel Piñero, dijo que por sus fueros los jueces no pueden ser interrogados, razón por la que el llamado de Oyarbide se encuadraría en la condición de testigos, simplemente, de Gallardo y de Rey, en la causa que investiga.

Otros, en cambio, fueron más allá. Dijeron que el expediente en cuestión debe caer en manos de la Justicia provincial; que Oyarbide no tiene jurisdicción; que los jueces no pueden ser indagados, y muchos más argumentos si bien pueden ser aceptables, despiertan sospechas cuanto menos.

El fiscal Alberto Nisman, también de la justicia porteña al igual que Oyarbide, directamente pidió la destitución y la detención de los dos magistrados, bajo el cargo de haber intervenido de manera “ilegítima y abusiva” las comunicaciones a Burstein y Ávila.

¿Acaso no es responsabilidad de quienes administran Justicia contribuir con el sistema al que pertenecen?

Es uno de los interrogantes que surgieron al momento de conocerse la citación de Oyarbide. Lo demás es pirotecnia de tinte legalista, porque cuanto menos se sepa, mejor para todos. Pero no es así como deberían funcionar las instituciones de un país.