MERIDIANO

Por el contrario, todo indica que bajo el pretexto de cobijar a los distribuidores de periódicos en el gremio más poderoso, no sólo por cantidad de afiliados sino también por capacidad económica y política, se puso en marcha un plan bien meditado.

Es que tamaño extremismo, bien podría considerarse como un correlato de la pelea que subyace aún entre el Gobierno Nacional y los diarios Clarín y La Nación, con el primero principalmente, y que se abrió con la denominada Ley de Medios.

Está fresco en la memoria de todos que ni bien la administración de Cristina Fernández de Kirchner abrió el debate sobre el nuevo ordenamiento legal para los medios de comunicación, entabló una encarnizada puja con la empresa de los Noble.

Antes, y en varios discursos desde las tribunas electorales, el propio ex presidente Néstor Kirchner, en función de candidato y titular del Partido Justicialista (PJ), hizo popular la frase: “¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?”, para despacharse con una andanada de críticas contra la línea editorial del diario. Al mismo tiempo, y no como producto de la improvisación, la Capital Federal apareció empapelada con afiches que apuntaban al “gran diario argentino” y a sus medios satélites como Todo Noticias, entre más de medio centenar de razones sociales del mismo grupo que operan en el país.

Con esos antecedentes, no es difícil descifrar cuál es el objetivo de las huestes de Moyano, sea Hugo o Pablo, su hijo, según se dividan las acciones, que ya generaron reacciones desde los medios afectados, así como de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de las entidades que nuclear a los editores.

Y las dudas se disipan totalmente si, como denunciaron las empresas periodísticas, se tiene en cuenta que ninguna fuerza de seguridad acudió en su auxilio cuando fueron requeridas para garantizar la libre circulación del producto, o lo que es lo mismo, la libertad de expresión en su mayor dimensión.

Baste con observar el fuerte vínculo que existe entre el camionero y titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) con los Kirchner, para verificar que la guerra desatada con la Ley de Medios continúa y está lejos de encontrar vencedores o vencidos en el corto plazo.

Sí, en cambio, es posible palpar de qué manera las actitudes sospechosas como esa inciden para desdibujar otras cuestiones, más importantes por cierto, como lo es la reforma política que está en plena discusión y cuya aprobación el Gobierno apresura para antes del 10 de diciembre.

O también el reciente pedido de tregua de Néstor Kirchner a los ruralistas para volver a conversar “sin rencores” en busca de una solución para el conflicto que se inició en marzo de 2008 y que amenaza con explotar en cualquier momento. ¿Se puede creer en los interlocutores cuando en la mesa de discusiones se deja de lado otros altos intereses que involucran a todos los argentinos? Claro que no. Por eso es más que necesario un sinceramiento entre el Gobierno y los sectores en pugna, ya que la pobreza y el desempleo no esperan. Y aquí urge una salida.

Unos vienen y otros van

El tiempo de cambio que traerá aparejado el 10 de diciembre, tiene en vilo tanto a los que se van como a los que potencialmente puedan llegar a desempeñar cargos en el gobierno de Misiones. Una cosa es seguro: ni unos ni otros podrán eludir el cedazo, excepto los que llegan por el voto del electorado.

Por ahora, si bien conocidas, las pretensiones no superan el ámbito de las corrientes que conviven bajo el paraguas del Frente Renovador, donde abundan los dimes y diretes, y más de uno se atribuye cercanías con el gobernador Maurice Closs o con presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, en busca de credibilidad para su versión.

Los que sí reparten su tiempo con uno de los dos referentes de la alianza que emergió en 2003, coinciden en advertir, tal vez por prudencia, que “no hay nada concreto” en cuanto a designaciones o recambio en la administración, aunque no desaprovechan la oportunidad de dejar escapar nombres, más por simpatías que por certezas.

En ese sentido, por ejemplo, dan por hecho que la actual diputada Sandra Montiel desembarcará en el Ministerio de Educación y Cultura, pero al mismo tiempo cuentan, casi con ironía, las idas y venidas de quienes terminan su mandato y quieren seguir ligados a alguna función.

Entre los últimos nombran a los diputados nacionales Miguel Ángel Iturrieta, Fabiola Bianco y hasta al mismo Emilio Kakubur, cuyo destino parece ser incierto hasta ahora, ya que poco se los menciona en el mar de conjeturas que se tejen por estos días en el oficialismo renovador. Como contrapartida, quien al parecer se fue consolidando en la gestión es el actual titular de la empresa Electricidad de Misiones SA, Héctor López Ricci, a pesar de los agoreros que le destinaban una corta vida en ese puesto.

Las obras de electrificación rural, el recambio de líneas por otras de mayor potencia y, en especial, la contundente respuesta a la inusitada demanda de energía que se originaron en los últimos días de calor intenso, habrían contribuido para el fortalecimiento de López Ricci en la función.

Ahora, quien carga con las mayores observaciones del lado de la cúpula del oficialismo es el intendente de Posadas, Orlando Franco, quien no logra despegar como administrador en el distrito electoral más importante para conservar las aspiraciones de cara al 2011.

Reacio a las críticas, provengan de donde sea, el alcalde optó por recluirse en el edificio de San Martín y Rivadavia para analizar qué se dice de él antes que modificar esa suerte de autismo que envuelve a su tarea, más proclive a las cuestiones superfluas que a las grandes decisiones.

Como sea, a Franco aún le quedan dos años de trabajo para revertir el quietismo en que se encuentra inmerso si, como se rumorea, tiene aspiraciones de dar el gran salto en política que le tienen reservado desde el Frente Renovador. Al final del camino se verá que tan cierto es lo que se dice.

¿Jueces en rebeldía?

Con distintos decibeles, los jueces de instrucción José Luís Rey y Horacio Gallardo, ya anticiparon que no están dispuestos a responder a la convocatoria que les hizo su par federal Norberto Oyarbide, por el caso de las escuchas telefónicas.

El primero lo dijo abiertamente, mientras que Gallardo prefirió el silencio en público pero, entre sus allegados, dan por seguro que desoirá el llamado, a menos que la requisitoria del porteño contemple la posibilidad de declarar por escrito.

Los dos están en el centro de una polémica nacional que día a día suma elementos, todos con la misma gravedad, ya que fueron los que autorizaron las intervenciones telefónicas que, en su momento, se fundaron en una investigación por el crimen de un contador, en 2005, en Posadas.

Fueron citados para el martes próximo por Oyarbide para que respondan por qué autorizaron las “pinchaduras” y si conocían a los destinatarios de la maniobra por la cual está detenido el ex policía federal y abogado Ciro Gerardo James y tres policías misioneros fueron procesados.

Dicen los especialistas que los magistrados tienen fueros y que no pueden ser indagados por las decisiones que adopten, excepto que fueran sorprendidos in fraganti delito o a través de un Jurado de Enjuiciamiento, si es que se determina la gravedad de sus actos.

De ahí su actitud de rechazo a la citación, aunque no faltaron los oficios de quienes pretenden “salvar la ropa” a los involucrados en los hechos que investiga el juez porteño, a quien no dudan en cargarle objetivos mediáticos y propagandísticos a la hora de preservar la investidura de aquéllos.

Sin embargo, de averiguaciones realizadas entre abogados del foro local, uno de ellos se preocupó en remarcar los alcances de un fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de las intervenciones telefónicas, que ni Rey ni Gallardo podían desconocer.

La misma fuente, con casi medio siglo de ejercicio y estudio en la profesión en Posadas, se ocupó de aclarar que si bien ambos tienen fueros, esta inmunidad rige en el ámbito de su jurisdicción, exclusivamente, lo que constituye un dato relevante si, como solicitó un fiscal porteño, Oyarbide decide la detención de los dos.

Es más, al analizar la actuación de Rey y de Gallardo en el caso, el mismo abogado trajo a colación el Código de Procedimientos Penal de Misiones, modificado en 1989, que  dice: “Cuando un acto judicial deba ejecutarse fuera de la sede del Tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un Tribunal de jerarquía superior, igual o inferior, o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial”.

Ese trámite, contemplado en el artículo 120 del CPP, no se cumplió, al menos es lo que se sostiene en el pedido de comparecencia, al parecer, por demás fundada.

Habrá que ver cómo sigue el caso en el que, según los especialistas del Derecho, la posición de los magistrados misioneros es cuanto menos desventajosa por haber incurrido en una flagrante violación de las disposiciones procedimentales.