MERIDIANO

No es menos cierto que todos y cada uno de esos sucesos aparecen exacerbados por la prensa, lo cual no significa negar la existencia de un  desborde cierto, comprobable, que mantiene en vilo a la población, acorralada por los vaivenes de la economía.

En ese contexto conflictivo, con buen tino el Gobierno Nacional desbarató los intentos de sus incondicionales, el conductor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y del piquetero Luís D‘Elía, de marchar ante supuestos “intentos de desestabilización”.

Al margen de la obsecuencia, la frustrada movida se originó en la boca del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien puso en dudas la legitimidad de una sucesión de manifestaciones que se centralizaron en la Capital Federal, y de ahí su repercusión.

Desde gays y lesbianas, nucleados en la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), hasta los piqueteros no enrolados en el kirchnerismo, coparon las principales calles y accesos de la capital, generando el malhumor de los porteños.

Por otro lado, los cabecillas de la farándula, Marcelo Tinelli, Mirta Legrand y Susana Giménez, aprovecharon sus espacios en la televisión para reclamar medidas contra la ola de violencia que sacude a todos, pero con mayor criminalidad a los capitalinos.

El verborrágico D‘Elía tomó la parada y arremetió contra los tres, calificando a uno como conductor “prostibulario” y a otra como la “señora que almuerza todos los días por televisión”, pero no logró la adhesión a sus dichos de parte del Gobierno que prefirió tomar distancia de él.

Mientras, el avance de los partidos políticos de orientación izquierdista sacudió la modorra de los “gordos” de la CGT, lo que derivó en duros cruces entre un vocero de esta central, Juan Belén, quien acusó a una “zurda loca” por las protestas crecientes.

La respuesta no se hizo esperar desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que por medio de Hugo Yasky salió a decir que “las declaraciones de Belén son expresiones minoritarias y casi una pieza de museo”, al reclamar soluciones a las demandas concretas que surgen desde distintas organizaciones.

Lo que no dicen unos ni otros, es que el fondo de la pelea no es una cuestión ideológica o de alineamiento con las políticas oficiales, sino una puja por espacios que comenzó con el antiguo pedido de reconocimiento de la CTA como entidad representativa de los trabajadores, por vía de la libre agremiación.

Es, nada más y nada menos, que una reedición de planteos entre las cúpulas sindicales que tienen su origen en el fondo de la historia de las organizaciones obreras en la Argentina , aunque en la actualidad el interés es por todos conocido: el poder, más que el bienestar de sus representados.

Y como en los tiempos recientes de la vida institucional del país, la Iglesia también expresó otra vez su preocupación por “la violencia física y verbal” que “debilita fuertemente la paz y el tejido social”, pero en particular aludió a la conflictividad social que “no fortalece la democracia”.

Cataratas en Londres y más yerbas

Como en cada oportunidad que se presenta, el Gobierno de Misiones llevó al corazón de la Gran Bretaña la promoción de las Cataratas del Iguazú, como destino turístico internacional, en el marco de una campaña de consolidación de este lugar como maravilla natural mundial.

El desembarco de ese atractivo de Misiones en una muestra del turismo mundial, en Londres, no fue casualidad, sino que respondió a los resultados de una sugerente encuesta realizada por un periódico británico, donde los votantes eligieron a las Cataratas como una de sus predilecciones.

Fue como un acto reflejo de la administración de Maurice Closs, en el proyecto por reafirmar al turismo como una importante fuente de ingresos, fundamentada en orientaciones y estudios de nivel internacional que encuentran a las bellezas naturales de la Provincia, en un lugar y momento de grandes expectativas.

Es evidente que la gestión ya no sólo descansa en los puntales tradicionales de la economía misionera, por caso la yerba mate, la forestoindustria o la obra pública, como en otras épocas y que derivaron en una suerte de dependencia, para mal de los habitantes de esta provincia.

El desarrollo del turismo es, hoy por hoy, una de las metas en la agenda del Gobierno. Las demás actividades, con sus pro y contra, están libradas a sus propios protagonistas que, bajo la orientación estatal, deberían marcar su derrotero en el marco productivo y económico.

Sin embargo, entre esos puntales tradicionales del quehacer económico es el de la yerba mate el que lleva la peor parte, y no por culpa de otros, ya que deberían ser los integrantes de la cadena productiva los encargados de sacar a esta actividad del estado de conflicto permanente en que se encuentra.

La puja de intereses, sumado a una deficiente conservación de los yerbales y a una nula preservación del suelo, amenazan con reducir la rentabilidad de la producción yerbatera de Misiones que abastece al 95 por ciento del mercado nacional.

Pareciera que ninguno de esos aspectos preocupa hoy a los poderosos del otrora “oro verde”, como se refleja casi a diario en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya cúpula quedó acorralada en la inacción frente al desafío que implica una mayor rentabilidad y una mejor distribución de los beneficios.

Hasta se habla de gestionar la intervención del organismo en la Secretaría de Agricultura de la Nación (SAGPYA) creada por el desbarajuste que tiene con directores de buen pasar económico, mientras que los eslabones más débiles se debaten en la supervivencia.

Todo ello indica que poco y nada aportó el INYM, hasta ahora, al mejoramiento de esta actividad, lo cual constituye una razón más que fundamentada para una reorientación de la gestión, ya sea por voluntad de los propios actores o por intervención de los órganos superiores.

Cierto es que, desde hace un buen tiempo y por incapacidad de los sucesivos directorios, el instituto yerbatero no demostró ni la más mínima lucidez para resolver la problemática del sector, transformándose simplemente en una entidad burocrática y costosa, aunque financiada con creces.

La UEP en la mira

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP), como su nombre lo indica, es un organismo que se encarga de canalizar las inversiones en obras públicas (perforaciones) y de financiar emprendimientos diversos, enmarcados en un programa de acciones a cargo del Poder Ejecutivo provincial.

Pero, llamativamente, a pesar de su importancia en el esquema presupuestario, el monto destinado a ese organismo fue reducido en un fuerte porcentaje para el ejercicio 2010, según se desprende del cálculo de gastos y recursos que aprobó la Legislatura.

La decisión, al parecer, no tiene vinculación con alguna necesidad de acotar la tarea de la UEP, que no era poca hasta el ejercicio actual, sino que estaría orientada a frenar un cierto desmadejo en el organismo, a cargo del ingeniero Rubén Vega, actual titular del organismo.

Hasta donde se sabe, la falta de justificación de determinados desembolsos habría sido el factor determinante para que, al momento del análisis de la adjudicación de los fondos, los responsables de la administración financiera de la Provincia se inclinaran por la reducción.

Un avance con Código

El Concejo Deliberante de Posadas, después de dejar de lado por un rato sus cuestiones internas, finalmente sancionó las reformas al Código Fiscal Municipal que fueron impulsadas por el intendente Orlando Franco, con el fin de ampliar la base tributaria a partir de objetivos actualizados.

El proyecto en cuestión descansó varios meses en el deliberativo, casi como una carta para las negociaciones con el Departamento Ejecutivo que, ajeno a las disputas intestinas de los concejales, se ocupó de hacer entender a éstos los fines de la actualización proyectada.

Se trata nada más y nada menos que de la inclusión, en el esquema tributario municipal, de aquellas empresas o asociaciones que hasta ahora no estaban comprendidas, como las denominadas UTE (Unión Transitoria de Empresas), los fideicomisos, cooperativas y otro tipo de asociaciones.

Son entidades, que de acuerdo con su propio esquema de conformación, están orientadas a intervenir en operaciones económicas y financieras dentro del municipio y, como tal, se encontraban fuera de la reglamentación fiscal, casi con autorización para la evasión en sus distintas facetas.

Pero además, a través de los cambios introducidos, se asignó al Ejecutivo la disposición de medidas de mayor efectividad para persuadir a los contribuyentes incumplidores, especialmente a aquellos que fomentan la elusión con domicilios fuera del municipio.

Hay, en la nueva norma, obligaciones para los consumidores que deben exigir la entrega de facturas por consumo, así como disposiciones aplicables en el municipio para los responsables solidarios de empresas en concursos y quiebras.

En definitiva, según dijo el intendente Franco, son herramientas que “permitirán no solamente mejorar el régimen recaudatorio, sino que también vendrá a llenar vacíos existentes en el Código vigente”.