MERIDIANO

Y es que a esta altura de los acontecimientos, más allá del fuerte condimento político que rodea a la causa en el ámbito nacional, está claro que tanto Horacio Gallardo como José Luis Rey comenzaron a ver cómo se diluye el apoyo corporativo que inicialmente habían conseguido.

El mismo gobernador Maurice Closs opinó que los magistrados cuestionados “deben facilitar el acceso a la Justicia”, en un claro mensaje para que dejen de lado las amañadas estrategias judiciales y contribuyan con el esclarecimiento de los hechos.

Closs hasta dejó de lado su atildado discurso al señalar que “se ha armado un despelote con esto de las escuchas”, pero inmediatamente consideró que “hay que tomar el tema con responsabilidad” y que “los misioneros no podemos negar un tema que se instaló en el país”.

Si bien el mandatario aclaró que podía opinar al respecto, “pero no puedo decir decidir nada”, a los finos oídos de los destinatarios del mensaje sus dichos sonaron a un distanciamiento. Los más cercanos a él no dudaron en afirmar: “El poder político les soltó la mano”.

La versión fue un vaticinio irrefutable, en especial si se considera que nadie es tan inocente como para pensar, siquiera, que son precisamente los hombres políticos los que deciden tanto la designación como la continuidad de los hombres y las mujeres de la Justicia.

Todo ello, aunque enmarcado en preceptos constitucionales, constituye desde siempre una fuerte sospecha acerca de los vínculos que unen a unos y otros, en el andamiaje institucional de la Provincia, razón más que suficiente para pensar que la suerte de Gallardo y Rey está echada.

También, con puntillosa claridad, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Misiones, Miguel Moreira, sostuvo que en su opinión personal los protagonistas de la zaga deben prestar declaración ante el juez porteño Norberto Oyarbide, quien lleva adelante la causa.

“Las partes que están comprometidas en un proceso deben arbitrar todos los medios que sean conducentes al esclarecimiento de la verdad”, dijo el referente actual de los encargados de administrar justicia en Misiones, al desactivar los enmarañados intentos que se pusieron en práctica para tratar que sus pares comprometidos puedan eludir la acción en marcha.

Por ahora, el Jurado de Enjuiciamiento parece enfrascado en poner paños fríos a la impudicia doméstica, con el pretexto de esperar la documentación original del planteo de desafuero y destitución solicitado por Oyarbide, aún a riesgo de su propio prestigio.

En ese contexto, el órgano encargado de pronunciarse acerca de la conducta de los jueces pretende encaminar una investigación acerca de la actuación que le cupo a Gallardo y Rey en la causa, para recién después expedirse acerca de la viabilidad o no del pedido del juez porteño.

Al medio, el único que salió a cuestionar públicamente el tratamiento del caso por parte de Oyarbide, y tal vez como un mecanismo de defensa de lo indefendible, fue Rey, quien se paseó por distintos medios para hablar cuestionar a aquél y defender, supuestamente, principios constitucionales con respecto a la competencia de la investigación de las escuchas.

Y en la señal más clara del corporativismo instalado en la Justicia vernácula, el titular del Juzgado de Instrucción Tres, Fernando Verón, abrió una investigación paralela y pidió a Buenos Aires que Oyarbide se inhibiera y que la causa sea girada a la Provincia.

Queda claro, entonces, que mientras unos intentan salvar a Gallardo y Rey, otros, por caso el Gobernador y el presidente de la Asociación de Magistrados y hasta el Colegio de Abogados, están preocupados por preservar la institucionalidad antes que los hombres, en este caso, del Poder Judicial.

Fundamentos necesarios

Un grupo de prestigiosos abogados del foro local no dudó en contribuir a echar luz sobre la actuación de Gallardo y Rey en la cuestión de las escuchas telefónicas que autorizaron, hasta donde se sabe, y por tanto les cabe alguna responsabilidad en el desenlace.

Uno fue el encargado de disponer la medida y el otro de haberla prorrogado, enmarcándose estas decisiones en una responsabilidad netamente judicial antes que policial, dicen los especialistas, porque el Código procesal Penal de Misiones, a través del artículo 221, otorga esta facultad  al juez, más no a la Policía.

Ahora, con respecto al casi pueril argumento acerca de la competencia en la causa que fue desarrollado por Rey, principalmente, los estudiosos del Derecho se remiten al CPP de la Provincia, que en su artículo 29 dice: “Será competente el Tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, razón suficiente para que el trámite se realice en Buenos Aires, donde el dirigente judío Sergio Burstein lo denunció y el juez pudo corroborar, determinando la detención del espía Ciro James y procesamiento de tres policías misioneros.

¿Qué dice la doctrina al respecto? El doctor Ricardo C. Núñez, en su obra comentada acerca del “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba”, dice al analizar la competencia territorial que “el delito se comete, si es un delito de resultado material, donde se produce el resultado”.

Baste entonces preguntarse: ¿Dónde se produce el resultado del delito de intervención ilegítima de teléfonos? ¿Cuándo se dicta el decreto en Posadas o cuando se produce la intervención ilegítima en Buenos Aires? Y la respuesta salta a la vista entre los auxiliares de la Justicia.

Pero además, ¿acaso desconocían Gallardo y Rey que en febrero de este año la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las escuchas telefónicas que se hicieran sin determinar en qué casos y con qué justificativos?

Aún así hay quienes alientan sofismas e intereses creados para intentar contrariar tan contundentes observaciones. Es turno para poner en marcha los mecanismos constitucionales, si es que en verdad se pretende preservar la institucionalidad del Poder Judicial de Misiones.

La política da que hablar

Si no fuera por la prolijidad con el oficialista Frente Renovador procura encauzar sus cuestiones internas, cualquier desprevenido diría que los únicos protagonistas de la vida política de Misiones son los opositores, principalmente los justicialistas.

Los últimos estertores entre los devaluados seguidores de Juan Domingo Perón, se sintieron en la localidad de Guaraní, adonde fueron casi todos con la apariencia de uniformar posturas ante el período legislativo que se avecina.

El electo diputado nacional Ramón Puerta, el actual senador nacional Luis Viana, el también electo legislador provincial Adolfo Velázquez, fueron a la cita y también lo hicieron el diputado nacional Juan Manuel Irrazábal y el electo Pablo Tschirsch, por citar a algunos.

 Las repercusiones del encuentro fueron las que deseaban los propios protagonistas, y así se encargaron de transmitir algunos medios de comunicación locales, pero lo cierto es que hubo más, mucho más, según refirieron algunos infieles.

No faltaron los reproches y las acusaciones, tampoco los “pases de factura” por las heridas que tardan en cicatrizar, a tal punto que casi en tono de interpelación el camionero Velázquez tuvo que explicar que no está ni piensa hacerlo, con la Renovación. Pero pocos le creyeron.

Viana insistió con su cantinela de ser oficialista en el nivel nacional y opositor en el provincial, como si alguna vez se hubiera preocupado por dejar en claro con actitudes esas diferencias, excepto cuando se apoderó del Partido Justicialista luego de negociar una amañada elección interna, con el apoyo de Néstor Kirchner.

En tanto, según se dijo, Puerta intentó vender un espíritu conciliador, pero con la mente puesta en Buenos Aires, donde aspira a plasmar un bloque opositor con sus amigos Mauricio Macri y Francisco de Narváez, mientras espera una bendición de Eduardo Duhalde.

Llegó un momento en que el enredo fue tal entre el kirchnerista “Juanchi” Irrazábal, en yunta con el camionero Velázquez, un fiel intérprete de las apetencias de su jefe Hugo Moyano, y los antikirchneristas telúricos, que pocos escucharon la insípida exposición de Tschirsch, quien intentó explicar cuál debería ser el rol de la oposición en la Legislatura.

De a poco el encuentro se fue desgranando, hasta que un puñado se quedó para sintetizar la parte productiva de la reunión y plasmarla en un comunicado de prensa.

Al día siguiente nomás, el diputado provincial Diego Sartori aprovechó que no fue invitado y salió a pegar duro a los contertulios, mientras que el intendente de Campo Grande reivindicó los objetivos de su agrupación, Participación Popular, al margen “de los acuerdos entre cuatro paredes que tanto mal hicieron al justicialismo”, dijo.

Pero como se dice en todas las redacciones: No basta con contar por dónde pasó el tren, sino por dónde va a pasar, es incierta la posibilidad de un próximo encuentro de los alicaídos referentes del peronismo misionero, toda vez que sólo unos pocos lograron digerir hasta ahora las responsabilidades que se les endilgaron.