MERIDIANO

Basta con que uno diga para que, inmediatamente, del otro lado alguien salga a responderle como la misma o mayor enjundia, como si se tratara de imponer el pensamiento a fuerza de altisonancia, simplemente, dejando de lado el interés superior, el de la gente.

Es tal la sucesión de cruces y tan escaso el nivel en el que se desarrollan, que poco queda para los análisis de fondo, a futuro, que todos esperan. A menos que, desde el prisma que se utilice, se intente transmitir una realidad tan deformada y en la sólo los incautos pueden creer.

A horas nomás de que un juez declarara la inviabilidad de dos artículos de la recientemente sancionada Ley de Medios, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recurrió a la tribuna para reclamar independencia a la Justicia, tanto del poder político como “del económico”, dijo.

Se trata, a todas luces, de otro capítulo de la puja que parece no tener fin y que encuentra al Gobierno Nacional de un lado y a los “holding” del periodismo en el otro, pero entre éstos con especial identificación el grupo Clarín, cuyos intereses tambalean con la norma en vigencia.

Fue más allá la mandataria, desde Santa Rosa, La Pampa, al direccionar sus críticas cuando advirtió que “muchas veces leemos rimbombantes palabras, grandes arengas acerca de que los jueces deben tener independencia de los poderes políticos de turno”.

“Y es correcto”, se contestó a sí misma, pero inmediatamente añadió que los magistrados “también deben tener, y hoy más que nunca, independencia de los poderes económicos, que nunca son circunstanciales, que son permanentes y a los que nadie los vota nunca”.

Casi al unísono, desde la vecina provincia de Corrientes y haciendo gala de un flamante vínculo con el recientemente electo gobernador Ricardo Colombi, el ex presidente Néstor Kirchner salió a denunciar a la prensa “cobarde y antidemocrática”. Aquí, el destinatario era el mismo.

Pero no fueron los únicos escarceos que mantuvo el Gobierno Nacional. Las declaraciones del encargado de los Asuntos Hemisféricos del gobierno estadounidense, Arturo Valenzuela, enervó a los Kirchner, pero también a sus exegetas como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y hasta al embajador argentino en el país del norte, Héctor Timerman.

Valenzuela en un encuentro con la prensa se hizo eco de la preocupación de los empresarios estadounidenses afincados en el país sobre la “inseguridad jurídica” y el manejo de la economía.

Apuntó además que había notado un “cambio” respecto al clima de inversión entre las firmas de su país y recordó que “en 1996 había mucho entusiasmo e intención de invertir”.

Pero no fueron los dichos del enviado del presidente Barack Obama lo único que desató la ira del gobierno argentino, sino también los encuentros que mantuvo aquél con el vicepresidente Cobos; el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el diputado peronista disidente Francisco de Narváez.

Si bien las aclaraciones, precisiones e interpretaciones posteriores no se hicieron esperar, quedó en claro que no fue del primer “desencuentro” entre Washington y Buenos Aires desde que Obama llegó a la Casa Blanca porque, todavía se recuerda, en febrero Argentina pidió explicaciones a Estados Unidos por un informe de la que pronosticaba males económicos en esta parte del continente.

¿Qué vendrá ahora? Es el interrogante entre quienes se interesan por los vaivenes institucionales y políticos, mientras por debajo ya comenzó a tejerse un entramado que ve el 2011 cada vez más cerca, pero sabiendo de los desafíos que deparará a los protagonistas el año que se iniciará en once días.

Y por casa…

El panorama es diferente en Misiones, donde luego del recambio en la Cámara de Representantes y de algunas figuras en el Poder Ejecutivo provincial, las luces navideñas parecen haber instalado el espíritu de la tradicional festividad los principales referentes.

Con menos barullo que la sesión especial de la Legislatura, los nuevos funcionarios del gobernador Maurice Closs abrieron sus respectivas gestiones, algunos de ellos mascullando cierta disconformidad con la herencia dejada por sus antecesores, pero sin decir nada en público, en una prolija actitud.

En las carteras del Agro y la Producción y de Educación y Cultura, donde un enroque de cabezas puso a Néstor Ortega y Luis Jacobo como titulares, parecieran ser el sitio donde se afincaron las mayores preocupaciones, por ahora.

Del lado del organismo agrario, la demora en la fijación del precio oficial para la yerba mate y el debate que se avecina para la conformación del Mercado Consignatario, desvelan a quienes tienen la responsabilidad del trato cotidiano con los que trabajan la tierra, principalmente.

“La zafra de verano ya comenzó y los vivos de siempre están pagando aún menos que los 63 centavos por kilo de hoja verde que rigieron hasta la última cosecha”, dijo casi con resignación un productor yerbatero de la zona norte de Misiones, mientras observaba con admiración las imponentes camionetas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

A pesar de la preocupación expresada por ese productor, que bien podría multiplicarse por varios miles sin temor a equivocaciones, desde el Instituto solamente se limitan por estos días a responder: “Estamos esperando el laudo de Agricultura de la Nación”, como si quisieran quitarse de encima la responsabilidad que les compete.

Ahí, frente a la recurrente incapacidad del organismo yerbatero, nuevamente a través del Gobierno provincial se hicieron gestiones en procura de acelerar la parsimonia de Buenos Aires, cuyos resultados se espera que lleguen antes del final de este año.

Mientras tanto, el acercamiento de los proyectos para el futuro Mercado Consignatario reveló, una vez más, que los más preocupados por transparentar una de las actividades que son puntales de la economía misionera, son los productores.

De unas quince iniciativas que en total ingresarían para estudio, al menos doce fueron elaboradas por las entidades que nuclean al eslabón más débil de la cadena, en tanto que los industriales se limitaron a plantear cupos menores y mayores de consignación, con intenciones poco claras y que contradicen las intenciones de aquéllos.

Son cuestiones a resolver y, si bien no dependen directamente del Ministerio del Agro, se sabe que esta es la herramienta de que dispone el Gobierno provincial para llevar adelante sus políticas y nada todo indica que no habrá titubeos a la hora de tomar partido a favor de los más perjudicados.

Como contracara, en el área educativa el final del período electivo abrió un impasse para que el ministro Jacobo pudiera acomodarse en sus nuevas funciones, aunque se dice que no bien ocupó su despacho le llovieron los planteos.

A pesar de las buenas relaciones que mantiene la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) con el gobierno del Frente Renovador, la visita de sus dirigentes al nuevo titular de la cartera no habría sido simplemente de cortesía.

Hay cuestiones pendientes por resolver, como la deuda salarial con los docentes suplentes, los concursos, la instrumentación del nuevo sistema educativo, etcétera, que no auguran unas vacaciones distendidas para quienes tienen entre sus manos las soluciones.

Decisión esperada

La ampliación de la cantidad de procesados en el caso de las escuchas telefónicas ilegales, así como la imputación de “asociación ilícita” a todos los involucrados, por parte del juez porteño Norberto Oyarbide, aunque esperada, causó cierta conmoción en la corporación judicial de Misiones.

En la causa, que tiene al espía Ciro James y a Jorge “Fino” Palacios como acusados principales y por tanto detenidos, están incluidos los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana.

A ellos, el magistrado porteño sumó a los secretarios judiciales Mónica González, Augusto Busse, Lidia Kruchowski y Fernando Javier Castelli, que también deben presentarse todas las semanas en la delegación Posadas de la Policía Federal. Además, a todos los procesados se les impuso un embargo de 250 mil pesos.

En cambio, aún continúa pendiente de resolución la situación de los jueces misioneros Horacio Gallardo y José Luis Rey, no porque tengan menor responsabilidad, sino porque hasta ahora no se presentaron a declarar a pesar de al menos dos citados realizadas por Oyarbide.

Gallardo y Rey, que fueron los que autorizaron las intervenciones telefónicas que produjeron un estallido en Buenos Aires, alegaron cuestiones de jurisdicción para refugiarse en sus despachos, aunque nada asegura el futuro de ambos.

Los dos se encuentran suspendidos en sus funciones por el Superior Tribunal de Justicia, que también elevó a la Corte Suprema de la Nación un planteo de jurisdicción por el caso, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios sigue envuelto en su propia maraña y dilata un pronunciamiento al respecto.

Ahora, tras el recambio de los representantes de los abogados y de los diputados en el mencionado órgano de juzgamiento de los jueces, es probable que se imponga algún criterio que permita avanzar en la investigación que lleva adelante Oyarbide. Pero nada de esto se puede afirmar sin tener en cuenta las consideraciones políticas del caso.