MERIDIANO

Por un lado, el ex presidente Eduardo Duhalde se decidió a retornar a la arena política pero lo hizo con un discurso llamativamente agresivo contra quien, hasta hace algunos años, había bendecido para que lo sucediera en la Presidencia de la Nación, Néstor Kirchner.

Claro que por aquél entonces, el santacruceño era simplemente el bueno por conocer en la oferta que además integraban el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el eterno riojano Carlos Menem, por el justicialismo que no tenía adversarios de riesgo.

Cierto es que el vínculo entre Duhalde y Kirchner se rompió poco tiempo después que éste asumiera la primera magistratura, aunque ambos evitaron cruzarse. El primero había anunciado con bombos y platillos su retiro de la política, mientras que su ahijado consiguió el poder y se propuso ejercerlo.

El recambio de Kirchner por su esposa Cristina Fernández y el avance sobre las estructuras del Partido Justicialista por parte del “kirchnerismo”, así como una sucesión de posturas encontradas que fueron desgranando a los peronistas, contribuyeron con la formación de un nuevo escenario.

Los magros resultados en las elecciones del 28 de junio pasado, aceleraron los tiempos del “duhaldismo” que reflotó viejas alianzas con los caciques de la Provincia de Buenos Aires, principalmente con aquellos a los Kirchner había acusado de “traidores” por no mover un dedo a su favor en la última contienda electoral.

Como un viejo zorro de la política, el bonaerense ya había comenzado a caminar el país con un denominado Movimiento Productivo Argentino, que no era otra cosa que el germen de su regreso a la actividad política. Si hasta trajo a Misiones esta iniciativa.

Y volvió el pasado fin de la semana, de la mano del ex gobernador Ramón Puerta, pero hasta esos días sólo apuntaba a la conducción del PJ de Buenos Aires y nada decía de 2011, hasta que cinco días después no aguantó más y confirmó que dará pelea en agosto de 2010 por el partido y al año siguiente, por la Presidencia.

“Voy a sacar al loco”, dijo Duhalde por Kirchner al reafirmar sus intenciones y movió el tablero, especialmente luego de escuchar la anodina respuesta del ex piloto de F1, Carlos Reutemann, quien rechazó un pedido público de aquél para que decidiera si sería candidato o no.

Tras cartón, también salieron a cuestionarlo Felipe Solá y Francisco De Narváez, dos de las principales figuras que bajo su condición de justicialistas, pretenden constituirse en los referentes de la oposición al kirchnerismo, especialmente desde los últimos resultados electorales.

Nada está dicho, entonces, en esta fuerza política que hoy por hoy exhibe pocas cabezas y casi todas con la misma ambición: llegar a la Presidencia en 2011, aunque unos con más posibilidades que otros frente a un oficialismo que continúa abriendo frentes de discusión, hacia adentro y hacia fuera.

A todo esto, la oposición intenta abroquelarse nuevamente para hacer valer su peso frente a la decisión del Gobierno Nacional de echar mano a las reservas del Banco Central para conformar un fondo de garantía de pago de la deuda externa para 2010.

Son unos 6,5 mil millones de dólares del llamado “Fondo del Bicentenario”, cuyo destino puso al PRO de Mauricio Macri en pie de guerra y amenaza con recurrir a la Justicia para evitarlo; el radicalismo, el peronismo disidente y la Coalición Cívica, en tanto, quieren frenar el proyecto en el Congreso.

Así planteadas las posturas, incluida la citación al Parlamento del titular del BCRA, Martín Redrado, no es descabellado pensar en un nuevo frente de tormenta para la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que otra vez tendrá un rol preponderante su esposo, el diputado Kirchner, lo que vaticina un final abierto a la discusión.

Viana, en la mira

Mientras los medios provinciales se entretenían con las consecuencias del desbarajuste en el pago de asignaciones de la ANSES a obreros rurales, en la zona norte de Misiones, que derivó en protestas airadas y cortes de ruta, un fiscal federal reveló la participación del senador Luís Alberto Viana en maniobras cuanto menos oscuras, en el caso.

Hasta ahora, nadie había hecho referencia a la injerencia del legislador misionero en la crisis desatada por la falta de pago de esos recursos a sus verdaderos destinatarios y sólo se mencionó al organismo nacional, a los aportantes incumplidores y a los responsables de la delegación.

¿Qué pasó en realidad? De acuerdo con una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán, a cargo de la unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, el actual presidente del PJ-Misiones habría presionado para que se anulara una resolución de la ANSES por un supuesto caso de corrupción.

Dice la crónica del diario Clarín que “en septiembre pasado se descubrió un grupo de falsas empresas que registraban trabajadores tareferos (de los yerbatales) con más de cuatro hijos y que recibían asignaciones familiares”, uno de los cuales fue identificado como Germán Eladio Barreto Paredes.

Barreto Paredes, o Barreto simplemente como se lo conoce en el Alto Paraná ya que fue intendente de Montecarlo, recibió del Estado, desde 2003 a 2008, 2.409.302,06 pesos, por lo cual aparece como imputado en una causa que investiga la justicia federal de Misiones.

El fiscal Marijuan refirió, concretamente, que “no existía la relación laboral denunciada o se le retenía una gran parte de las asignaciones familiares al muy humilde empleado con el pretexto o engaño de un supuesto aporte previsional, y de esta manera, quien estaba detrás de todo esto, se enriquecía del Estado ilícitamente”.

Es más, “unos poderosos que luego hacían reclamar a los humildes. Así, ponían a los trabajadores en diversos cortes de ruta, en una huelga de hambre, o a la cabeza de un reclamo para lograr en definitiva la tan ansiada decisión administrativa que les permitiera seguir cobrando el dineral que se llevan de la ANSeS”, sostuvo el fiscal.

Por esas razones, se dejaron de pagar las asignaciones familiares hasta que, según Marijuán, “distintas presiones y gestiones políticas”, ejercidas entre otros por Viana, para cambiar la decisión de ANSES, dieron frutos y se reanudaron los pagos.

Quienes conocen al senador en cuestión, rápidamente elucubraron posibles respuestas de éste frente a la complicada situación en que lo ubicó la investigación del fiscal. Los más arriesgados dijeron que Viana dirá que intervino para “remediar una situación de injusticia”; también “para favorecer a los más desprotegidos”, etcétera.

Pero el monto del que se habla, es evidente que no estaba destinado a los tareferos en litigio, más aún si se tiene en cuenta que en los últimos reclamos unos 300 afectados denunciaron que la deuda con cada uno orillaría los 2 mil ó 2.500 pesos.

Jueces al borde

La ratificación de la competencia del juez federal Norberto Oyarbide en la investigación del sonado caso de las intervenciones telefónicas ilegales, dejó a los jueces misioneros Ricardo Gallardo y José Luís Rey al borde de la destitución.

Uno fue el que autorizó las escuchas y el otro el que las extendió bajo el argumento de investigar el crimen de un contador, pero en realidad resultaron espiados el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el empresario Carlos Ávila, desatándose un verdadero escándalo.

Gallardo y Rey lograron eludir por ahora las sucesivas citaciones de Oyarbide, con el pretexto de que éste no tenía jurisdicción para llevar adelante la causa ya que su origen había sido en Misiones y no en Buenos Aires.

Desde esta misma columna, mediante consultas con especialistas del Derecho, se dijo hace más de un mes que el planteo de los magistrados misioneros carecía de fundamento. Y así lo explicó el ex juez penal, ex fiscal de Estado, ex asesor de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, Lucas Vallejos.

Sin embargo, la corporación judicial extendió sus tentáculos hasta el mismo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones que, apoyándose en cuestiones de reglamento, rechazó el desafuero y la destitución de los dos como había pedido Oyarbide.

Paralelamente, el Superior Tribunal de Justicia suspendió a ambos en sus funciones, en una señal dirigida a evitar el bochorno de desoír un llamado de la Justicia en un caso tan complejo como el de las escuchas ilegales. Si también el gobernador Maurice Closs consideró, en forma pública, que tanto Gallardo como Rey debían contribuir al esclarecimiento del caso.

A punto estaba la Justicia provincial de quedar enmarañada en la tela bajo investigación, cuando el Procurador General de la Nación advirtió, en un extenso pronunciamiento, que no había razones para que la investigación pasara al fuero federal y así lo entendió también la Suprema Corte de Justicia.

A todo eso, Oyarbide extendió las acusaciones a los involucrados Ciro James, Jorge “Fino” Palacios, y a al menos tres de los cinco policías misioneros imputados, así como a cuatro secretarios de los juzgados de Gallardo y Rey: asociación ilícita y defraudación al Estado nacional.

La gravedad de las imputaciones indican que, por ahora, nadie da un céntimo por la continuidad de los jueces en cuestión, y otros ya hablan de su destitución desde que el Jurado de Enjuiciamiento volvió sobre sus pasos y decidió iniciar una investigación de oficio sobre la actuación de los dos en la causa.