MERIDIANO

Es cierto que, en este tema puntualmente, pudo haber apresuramientos, falta de comunicación y transparencia en los objetivos, por parte de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, las voces a favor y contra seguirán sumándose.

¿Qué pasó realmente? Es el interrogante que, por ahora, los medios nacionales se ocupan de responder según su propio cristal, el mismo que utilizan para mirar con acidez la realidad que encarna el Gobierno, hasta con temerarias apreciaciones en cuanto a los supuestos riesgos que afronta la institucionalidad.

Sucedió que aún antes de la finalización del año, y en un gesto de anticipación a un período legislativo que no le será propicio, desde el Poder Ejecutivo se dictó un decreto de necesidad y urgencia, uno de los famosos “DNU”, por el cual se creó el llamado Fondo del Bicentenario para atender los vencimientos de la deuda externa previstos para 2010.

A partir de ese momento la oposición comenzó a hacer oír su disconformidad, primero por la metodología para declarar la disponibilidad de unos 6.500 millones de dólares de la reserva del BCRA; después, puso el grito en el cielo y con un amplio manto de sospechas el destino de esa cantidad de dinero, más en busca de repercusiones efectistas en el campo político que en una verdadera defensa del interés general.

Ahora desde la vereda de enfrente, con una sensibilidad que no había existido antes y enancados en los sectores que todavía sangran por la aprobación de la Ley de Medios y la tensa situación con el campo, la oposición salió a erigirse como fiscal de la República para intentar torcer una acción de gobierno que a los poderosos les pone la piel de gallina.

El origen de todo ello fue la creación del Fondo de Bicentenario y la negativa del presidente del BCRA, Martín Redrado, a ceder el dinero que no se hizo visible hasta que la Presidenta le conminó a que dejara su cargo. Recién ahí comenzaron los alineamientos opositores.

Primero fue un pedido verbal a Redrado que canalizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con su tradicional verborragia, a lo que aquél se opuso abiertamente después de refugiarse por largas horas en la sede de la institución. Desde este lugar, no dudó en recibir a uno de los canales de televisión de Grupo Clarín para decir lo que pensaba y proyectaba hacer para desoír a la mandataria, hasta que le llegó el decreto de cesantía.

Asumió entonces la titularidad del Banco, Miguel Ángel Pesce, quien comenzó a desanudar las trabas que había impuesto Redrado a las pretensiones del oficialismo, pero éste se mantuvo “en sus trece” y recurrió a la Justicia para que lo repusiera en su sillón a pesar de la contundencia de los cargos esgrimidos para sacarlo de ahí.

Y pasó que en una especie de “no innovar”, la jueza María José Sarmiento respondió al recurso presentado por el afectado, reubicándolo al frente de la entidad bancaria hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la cuestión de fondo, previa resolución de la apelación en ciernes por parte del Gobierno.

A todo esto, el mismo vicepresidente Julio Cobos no dudó en ponerse del lado de Redrado, con los mismos argumentos que utilizó para frenar la aplicación de las retenciones al campo, hace un tiempo atrás, denostando a la Presidenta y a su esposo y titular del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, al dar por cerrado el romance que iniciaron en 2007.

De ahí en más se desató una catarata de críticas y apoyos en el marco del conflicto que va camino a transformarse en la primera pulseada fuerte entre el oficialismo y la oposición. Sus derivaciones serán, sin duda, la antesala de la puja electoral que se prevé para 2011 con los mismos actores, pero en un escenario más complicado, según vaticinan los más conspicuos analistas.

Una cuestión relevante, y tal vez relegada por los afanes opositores simplemente, es la que deja el entredicho en cuestión para las instituciones: estos órganos están en funcionamiento, se discute, hay elementos que deben ser clarificados por la Justicia. En definitiva, la democracia responde, aunque no lo quieran ver los que sienten que sus intereses están en riesgo y que, por suerte, son los menos.

Provincias en alerta

La puja desatada por el mecanismo elegido por el Gobierno Nacional para canalizar el Fondo del Bicentenario, puso en alerta a las provincias que, como Misiones, aspiran a incorporar sus pretensiones económicas entre las prioridades de la administración central, siempre reacia a liberar el dinero.

Es que si bien es cierto que el objeto principal del Fondo es la atención de los vencimientos de la deuda externa previstos para este año, una parte al menos de los 6.500 millones de dólares sería derivada a las menguadas cuentas de los estados hoy afectados por la iliquidez o bien apremiados por quitas en fondos de la coparticipación, a pesar de la prolijidad impuesta tanto  a la recaudación como al gasto para no caer en un descalabro.

Una importante cantidad de provincias, entre éstas Misiones, logró ubicarse en el segundo grupo, pero otras en cambio ni siquiera cuentan con recursos suficientes para afrontar el pago de los sueldos de sus empleados, una situación que por inercia se transmite a los municipios y por ende a los proveedores.

No es ficticia esa preocupación y, como tal, no debería quedar enredada en las idas y venidas de este destiempo político que amenaza con dejar de lado las autonomías provinciales o bien utilizarlas como un elemento de presión para satisfacer apetencias partidarias de la oposición. Hay necesidades que deben ser atendidas.

Lo dijo el secretario de Hacienda de la Provincia, Daniel Hassan, cuando advirtió que “si la Nación puede cancelar sus obligaciones, puede asistir mejor a las provincias”, aunque con claridad marcó diferencias en el origen de los fondos: para las provincias, el Fondo Fiduciario, cuyo flujo se vería afectado si no prospera el del Bicentenario.

Más a fondo fue la vicegobernadora Sandra Giménez, quien no dudó en arremeter contra uno de los protagonistas del conflicto BCRA-Gobierno, Martín Redrado, endilgó una fuerte responsabilidad por no respetar “los pedidos de su conductor político y que cuenta con el aval del voto popular: la Presidenta”.

Monte adentro, la calma

En el ámbito político de Misiones, tras las fiestas de fin de año tibiamente se reanudaron los contactos para despuntar un año que será más bien de tanteos y aproximaciones, mientras el Gobierno provincial afina su gestión sin abandonar la posibilidad de recambios de funcionarios en el área ejecutiva.

Hasta ahora no hubo más que insinuaciones, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, que quedaron plasmadas en la sesión especial de la Legislatura al incorporarse los diputados electos el 28 de junio del año pasado. Quedó en claro la estrategia de la oposición de actuar en conjunto.

Esa mescolanza de peronistas, justicialistas, radicales, socialistas y otros, va camino a reeditar el llamado “Interbloque” que comandó el ahora senador Luis Viana, pero que en los hechos no tuvo mayor incidencia, excepto para las ambiciones de su orientador, hasta que se diluyó totalmente.

El Frente Renovador, en cambio, tras revalidar sus propuestas en las urnas y con una mayoría tranquilizadora, no cree en sobresaltos futuros, sino más bien en la consolidación de un proyecto que tiene al gobernador Maurice Closs y al titular de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, como sus principales ejecutores.

Es así que, garantizado el trabajo parlamentario y cerrada la normalización en el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia con todos sus miembros, el Ejecutivo prevé la profundización de su programa de gobierno que tiene como puntales a la obra pública, el turismo y la integración con los estados vecinos de Brasil y Paraguay.

Ello, sin dejar de lado los proyectos locales como el de la producción de alimentos, la reactivación de la actividad forestal, mejores precios para la producción, por citar algunos que van marcando un derrotero al margen de las disputas partidarias o extraprovinciales, no exento de las piedras que suelen poner quienes procuran desgastar los objetivos generales.