MERIDIANO

Es que hasta antes del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la presidenta Cristina Fernández que intentó empujar al ahora ex titular del Central, sólo se habían alzado algunas tibias voces en contra del uso de las reservas monetarias para la creación del Fondo del Bicentenario.

Sin embargo, el grueso error cometido al no consultar al Congreso Nacional para acelerar la partida del cuestionado funcionario, ubicó a la Presidenta y a su esposo Néstor Kirchner, en un sitial de exposición que todavía no es posible dimensionar.

¿Qué pasó? De todo y hasta lo menos pensado. Redrado, como lo había anticipado, finalmente divulgó que entre quienes habían comprado dólares en los momentos de mayor incertidumbre que desató la crisis internacional, fue nada más y nada menos que Néstor.

Pero no sólo eso, sino que tras cartón la oposición se alineó para arremeter contra la legalidad de los DNU (decreto de necesidad y urgencia); contra el uso de la reservas del Banco Central y todo aquello que representara un atisbo de avance sobre cuestiones no previstas.

De ahí que la jugada de remover a Redrado por medio de una actitud casi rayana con la soberbia, se haya transformado en un gesto de impredecibles consecuencias para el matrimonio que concentra hoy el mayor poder político en la Argentina, cada vez más desdibujado por los desvaríos propios.

Nada hubiera sido más simple para evitar las confrontaciones, que haber recurrido, como está establecido, al Poder Legislativo para desalojar al entonces titular del Central. Pero claro, la nueva composición del Parlamento no garantizaba un buen fin a la iniciativa.

Solo una vez que la Justicia determinó que debían seguirse los carriles previstos para una medida de ese tipo, pareciera que la cordura retornó a las filas del Gobierno, aunque al mismo tiempo abrió fuertes interrogantes con respecto a la disposición de las reservas.

El objetivo de desalojar al polémico funcionario se alcanzó finalmente, pero a un precio muy alto, dicen por lo bajo los que ocupan una tercera o cuarta fila entre los habitúes de la Casa Rosada, tal vez por el compromiso menor que les corresponde.

Al medio quedó la sembrada la duda, difícil de dispar, con relación a la compra de 2 millones de dólares por parte de Néstor Kirchner, en circunstancias en que el mundo financiero se sacudía por la crisis que desataron los negocios inmobiliarios en Estados Unidos.

El mismo ex presidente y titular del Partido Justicialista contribuyó, con su consabido personalismo, para acrecentar los interrogantes, ya que sólo respondió a las acusaciones de falta de ética, uso privilegiado de información y hasta fraude al Estado, a través de periodistas amigos.

Dijo que, efectivamente, había realizado tal transacción con la mira puesta en un hotel de lujo en la privilegiada zona de El Calafate, con lo cual intentó vestirse con el ropaje de un ciudadano común que fue a cambiar dólares para cerrar un negocio. Pero 2 millones es mucho dinero y abre la desconfianza de cualquiera.

De eso se prendió la oposición para instaurar varios frentes de desgaste del oficialismo: Néstor Kirchner; la legalidad de los DNU para determinadas decisiones y el uso de las reservas del Banco Central como garantía del pago del vencimiento de deuda, según las propias palabras de los impulsores del proyecto.

Lo de Kirchner, como se planteó hasta ahora, seguirá en el terreno de la política hasta que a alguien se le ocurra verificar si se cumplieron todos los pasos que establecen los órganos fiscales para cualquier ciudadano que ingrese en el mercado financiero. Esto es, origen de los fondos, estado fiscal del contribuyente, destino de los fondos e impuestos.

Pero todavía es una incógnita qué pasará con la utilización casi discrecional de los DNU y si realmente pueden fundamentar la disposición de los 6,5 mil millones de dólares como previó el Gobierno Nacional, a pesar de que en el caso de la utilización de los fondos la Constitución es realista: debe pasar por el Congreso.

Son tantas y variadas las derivaciones del “caso Redrado”, que por ahora todos miran a la Justicia esperando cuál será su resolución con respecto al planteo del Gobierno acerca de la viabilidad de un decreto para contar con los fondos en disputa. El final está abierto.

Y lo que para muchos se cerró es el tema del vicepresidente Julio Cobos, quien se alzó con una simpatía generalizada entre la gente al votar en contra de los propósitos del oficialismo en su pelea contra el campo y ahora le allanó el camino para echar a Redrado.

El gesto de Cobos dejó una estela de cuestionamientos, especialmente entre la oposición que creía haber encontrado en él un intérprete para poner un freno a los Kirchner. Pasó de héroe a villano en un santiamén y dilapidó lo poco o mucho que había conseguido hasta ahora.

Repercusiones locales

Sin la estridencia que adquirió en el nivel nacional, la cuestión del BCRA, el uso de las reservas y la creación del Fondo del Bicentenario, tuvo su correlato en la política provincial de la mano del gobernador Maurice Closs, cuando todos los demás habían mantenido un llamativo silencio al respecto.

Desde El Soberbio, después de una sucesión de inauguraciones, el mandatario misionero apoyó la utilización de las reservas del Banco Central por cuanto, dijo, “es muy importante la posibilidad de renegociar nuestra deuda” provincial. Palabras más palabras menos.

Si bien Closs participó, a mediados de diciembre pasado, en el lanzamiento de la creación del Fondo del Bicentenario, salió por primera vez públicamente a avalar la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este sentido.

Esa defensa del proyecto oficial, sumada a las que realizaron cerca de una decena de gobernadores, no hizo más que contribuir con los argumentos casi reiterativos de la oposición en cuanto a que la intención es utilizar los 6,5 mil millones de dólares no sólo para garantizar pagos de la deuda externa, sino también distribuirlos entre las provincias.

Lógicamente, desde la vereda de enfrente no se habla con tanta pulcritud, sino que directamente se denuncia que se trata de una presión a los gobernadores para que, desde sus provincias, encolumnen a sus legisladores detrás de la creación del Fondo, un debate que se prevé para marzo próximo.

Pero a diferencia de lo que sucede en otros estados donde la imprevisión es una constante, como en los casos de aquellos donde sus responsables no lograron siquiera articular medidas para el financiamiento con recursos genuinos, en Misiones de lo que se trata es afrontar una situación de arrastre que se remonta a la fiesta de los 90, nada menos.

Dijo Closs, al fundamentar sus expresiones, que “muchos países en el mundo utilizan sus reservas. Algunos tienen por regla que al cierre de un año fiscal, se calculan los excedentes y éstos pasan al Tesoro”.

Además, calificó como “pura lógica” que si existen reservas por 46 mil millones de dólares “se destine parte para pagar la deuda”, aunque “la estrategia del gobierno nacional era decir a los acreedores ‘si no consigo la plata con superávit o colocando títulos, quédense tranquilos que tengo esta reserva’ ”.

Apuntó, como era de esperarse, a los que se oponen al proyecto del Gobierno Nacional en cuanto al renombrado Fondo del Bicentenario porque “no miran el futuro del país, sino solamente se limitan a marcar la acciones del gobierno” con una visión electoral, más nada.

Con sus dichos, dejó en claro el gobernador una línea de pensamiento coherente con la Nación que va más allá de una gestión y que procura encarrilar definitivamente el desbarajuste financiero heredado, cuyas dificultades exceden los tiempos y hasta a los responsables, aunque haya transcurrido una década.

Revuelo peronista

Quien ni siquiera se animó a decir “ni” en esta puja por la utilización de las reservas monetarias para crear el Fondo del Bicentenario es el senador nacional y presidente del Partido Justicialista de Misiones, Luís Alberto “Lucho” Viana, a pesar de la responsabilidad que ostenta como legislador y referente de esta fuerza política.

Pero es de honestos recordar que tampoco lo hicieron las demás corrientes que conforman el espectro político provincial, como la Unión Cívica Radical, el PRO ni el socialismo ni las vertientes provinciales que surgieron a partir del desencanto con los partidos mayoritarios.

En el caso del justicialismo local no es posible justiciar el silencio ante tan importante cuestión, aunque resulta atendible si se tiene en cuenta el estado de ebullición en que se encuentra por los serios cuestionamientos que surgen a la figura de Viana.

A toda costa, los críticos no dudan en utilizar cuanto micrófono se les acerca que se debe convocar a elecciones internas para legitimar a las autoridades partidarias, por un lado, pero al mismo tiempo pensando en el próximo desafío de 2011.

Las reuniones se suceden y, se dice, en una de las últimas el presidente del PJ-Misiones habría dado el brazo a torcer y estaría dispuesto a la realización de los comicios para elegir a las autoridades partidarias, aunque la desconfianza predomina, como los pronósticos de lluvia en días tanto calor como los actuales.