MERIDIANO

Es evidente que la consigna de esta hora es “todos contra los Kirchner”, como una línea a seguir para desnudar de qué lado está cada uno y, en este derrotero, hasta la tropa propia del oficialismo procura sacar tajada en el desconcierto. Tal el caso del piquetero Luis D‘Elía.

Mientras tanto, el uso de las reservas del Banco Central para garantizar el pago de los vencimientos de la deuda externa que operan este año, se transformó en la herramienta elegida para acentuar las diferencias entre el Gobierno y la oposición.

Esa y no otra es la pelea de fondo, por más que algunos se esfuercen por limitar sus cuestionamientos al camino elegido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para plasmar su objetivo: un decreto de necesidad y urgencia (DNU), cuya validez para la disposición de los fondos fue puesto en el centro de la discusión.

Aunque no lo dicen abiertamente, los que se oponen a esa iniciativa, en el fondo, apuntan únicamente a evitar que el oficialismo pueda contar discrecionalmente con fondos para rearmar su aparato electoral con la mira puesta en los comicios del año que viene.

Del lado del Gobierno, se aferran a los argumentos originarios de la constitución del Fondo y reiteran hasta el cansancio que se trata de garantizar, hacia el exterior, un cierto acomodo en las relaciones financieras internacionales, hoy decaídas por los vaivenes de la política doméstica de la última década.

En ese ámbito el rechazo a las sospechas de la oposición es contundente, pero las hendijas quedan abiertas para quien quiera ver más allá y encontrar que algo de verdad hay entre las especulaciones que se alimentan a diario desde la vereda de enfrente.

Frente a unos y otros, desde la visión de la sociedad que sigue con atención el destino de sus fondos, porque son suyos y los demás son simples administradores o mandatarios, les cabe el beneficio de la duda, aunque será el Congreso el encargado de dilucidar adónde irán a parar los 6,5 mil millones de dólares previstos para el Fondo.

Se pronostica que las primeras estocadas podrían surgir el 24 de este mes, cuando el Senado de la Nación se reúna para definir las cuestiones pendientes en cuanto a sus autoridades, un reducto donde el oficialismo no las tiene todas consigo para la hora de contar los votos a favor y en contra.

Por lo pronto se sabe de un juego, casi maquiavélico, orquestado por el Peronismo Federal y la Unión Cívica Radical, asociados con otras minorías, para desalojar al oficialismo de la presidencia provisional, casi como una reminiscencia de los hechos que precedieron a la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

De ahí que, al tiempo que unos pergeñan, otros cuentan los apoyos para que el proyecto de creación del Fondo del Bicentenario ingrese por la Cámara de Diputados en busca de garantías para su aprobación y la espera del cedazo del Senado.

A todo esto, y si bien se suceden los chisporroteos mediáticos entre quienes tienen la responsabilidad de llevar la voz cantante en el caso, ya se habla de una negociación en marcha para evitar que se frustren las intenciones del Gobierno, mediante la sanción de una ley que autorice la disposición de los fondos en cuestión.

El encargado de revelar esa circunstancia fue el senador oficialista de Santa Cruz, Nicolás Fernández, quien admitió que la ley podía ser una alternativa ante la resistencia de la mayoría opositora a ratificar el decreto que crea el Fondo del Bicentenario cuando se trate en el Parlamento, el próximo mes.

Por lo pronto, a los radicales no les desencantó la idea, aunque pusieron  reparos para el supuesto que el Gobierno quiera imponer el contenido del DNU y sólo aceptaría el uso de reservas del Central como garantía, bonos por ejemplo, para el canje de la deuda.

Sería el comienzo de una negociación incipiente que evitaría una casi segura derrota del oficialismo en la votación, aunque la última palabra todavía no está dicha, pero los tiempos apremian y más con el contrapeso del vicepresidente Julio Cobos que aspira a recrear el tiempo de fama que le dio la resolución 125, el año pasado.

Misiones, en línea

Como sucede en la mayoría de los distritos del país donde la posibilidad de renegociar deudas o acceder a dinero “fresco” es siempre bienvenido, en Misiones también hay expectativas por la creación del Fondo del Bicentenario, como lo admitió públicamente el gobernador Maurice Closs.

Y es atendible la preocupación del mandatario misionero teniendo en cuenta que durante este año, la Provincia deberá hacer frente al desembolso de unos 450 millones de pesos para cubrir compromisos que se remontan a la pasada década.

Sabe Closs que en tiempos como los actuales, en los que las crisis suelen echar por tierra las intenciones de cualquier previsor, la renegociación de esas obligaciones, como ya lo hiciera en años anteriores a través de diferentes programas de asistencia financiera, puede ser un bálsamo para consolidar los planes de su gobierno que están en marcha.

Más optimista, el senador Eduardo Enrique Torres afirmó que el Fondo “va a salir, porque es bueno para el país. O vamos a tener un fondo de reserva que sirve para el sistema financiero, o vamos a tener un fondo de reserva que se pueda utilizar eventualmente sin afectar la política monetaria que lleva adelante el Poder Ejecutivo”.

Es más, con claridad meridiana Torres desalentó las objeciones de la oposición y descartó la existencia de supuestas presiones a los gobernadores, por parte del Gobierno Nacional, para llevar a buen puerto el proyecto oficialista.

Dijo que “si se observa la distribución de fondos de todas las provincias, se van a dar cuenta que esto es un verso total. Esto es algo que utiliza la oposición” para descalificar las intenciones del oficialismo.

Citó como ejemplo los casos de Corrientes y de Santa Fe, administrados por opositores, “que puedan necesitar fondos y si se ven los números que han recibido en los últimos años, es fácil determinar cómo se han ido acrecentado los aportes, y no precisamente porque han votado leyes a favor del Gobierno”.

Movimientos políticos

La llamativa ausencia de la oposición en los temas que interesan a la sociedad misionera, comenzó a mostrar síntomas de revisión de parte de los propios actores, tanto del lado del radicalismo como del justicialismo y hasta del PRO, por citar a los más inquietos en los últimos días.

Es cierto que las fuerzas políticas mayoritarias en la Provincia todavía parece que no lograron digerir la sangría que causó en sus filas el surgimiento del Frente Renovador, en 2003, lo que se tradujo en raquíticas cosechas de votos desde entonces y hasta el pasado 28 de junio.

Sin embargo en el caso del radicalismo, cuando muchos ya vaticinaban su extinción, lanzó al ruedo una corriente interna que bajo el nombre de “Identidad Radical”, aspira a recuperar los laureles perdidos con una convocatoria que se realizará hoy en los pagos del gobernador Closs, en Aristóbulo del Valle.

Por ahora, el que lleva la voz cantante es el diputado provincial Luis Pastori, quien se mostró dispuesto a curar la languidez de su partido, desafiando a las autoridades partidarias que, en un primer momento, salieron a decir que desconocían el origen tal convocatoria.

Al margen de las cuestiones formales de constitución de esa vertiente interna de la UCR , Pastori dijo que surge “sin ataduras con el pasado y con el objeto de contribuir a un radicalismo competitivo, con las aspiraciones centradas en las elecciones provinciales y municipales del año próximo”.

En tanto, no ceden las embestidas contra la cúpula del Partido Justicialista del lado de un grupo de intendentes de esta extracción que quiere, a toda costa, terminar con la transición del senador Luis Viana, del diputado nacional Juan Manuel Irrazábal y del gremialista Adolfo Velázquez. Los impulsores de la “movida”, además de intentar revitalizar esa corriente política, ante cada micrófono se ocupan de señalar al trío que llegaron a esos cargos por el dedo, sin más aval que una “rosca” que se gestó en el nivel nacional para poner punto final a una intervención a todas luces interesada. Viana dice que su designación es legítima, Irrazábal está prácticamente borrado y Velázquez es una incógnita, aunque hacia adentro de su gremio, Camioneros, dicen que todo va viento en popa y hasta comparan su situación política con la de su jefe, Hugo Moyano, por algo será.

Nadie se anima a vaticinar hasta dónde llegará la presión de quienes buscan un cambio en el justicialismo local, ya que mientras unos empujan la puerta, desde adentro hacen fuerza para evitar que entren. Pero no está dicha la última palabra.

Más cómodo en cambio, tal vez por tratarse de una agrupación novel, el PRO de Claudio Wipplinger sigue tejiendo relaciones con distintos sectores de la comunidad misionera, con más suerte que su jefe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, donde “Pino”  Solanas comenzó a soplarle las orejas en las preferencias del electorado.

Montado en el inusitado crecimiento que mostró en las elecciones del pasado 28 de junio, el joven empresario posadeño comenzó a desplegar una campaña de seducción que hasta incluyó al obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, con quien llegó a coincidencias en el plano social que lo muestran como un rival a tener en cuenta para cualquier político vernáculo.