Meridiano

Es la Carta Magna, y no otro instrumento, la que establece los deberes y las atribuciones de los gobernantes y de los gobernados, lo demás son disposiciones circunstanciales que a lo largo de la historia sólo sirvieron para acomodar las apetencias del poder.

De ahí que el debate entre el oficialismo y la oposición, hoy por el uso de las reservas del Banco Central para pagar deudas y mañana será el uso de los decretos de necesidad y urgencia, a lo que seguramente seguirá el debate por el manejo de los cuerpos colegiados, no hacen más que desvirtuar la sabia tarea de los constituyentes.

Se podrá decir que las disputas son de política partidaria, de ideología, de intereses, pero hasta ahora ni unos ni otros se plantaron en la siempre contundente letra de la Ley de Leyes para sostener sus posturas. Y por algo será.

Pareciera que se puso en marcha una maquinaria en busca de los resquicios constitucionales, que no los hay, excepto para aquéllos que están acostumbrados a conducirse en la ilegalidad, para ver de qué manera es posible sacar cierto provecho a favor de las posiciones en pugna.

Y en esas idas y venidas, ahora el Gobierno Nacional tiene todas las de perder desde las elecciones del 28 de junio del año pasado, que lo llevaron de la cómoda mayoría en el Congreso, a transformarse en la primera minoría frente a un arco opositor decidido a recortarle las iniciativas, sea cual fuere su objetivo.

Frente a ese panorama, como sucede en las democracias del mundo, que no son muchas, hasta el más desprevenido pensó en un tiempo de diálogo, de consenso, de defensa de las instituciones por sobre todas las cosas. Pero no fue así, sino todo lo contrario.

Si bien las primeras insinuaciones surgieron tras aquel acto electoral, las disputas se corporizaron en la Cámara de Diputados de la Nación, primero, y en el Senado después, aunque en el segundo caso ya tenía el antecedente del vicepresidente Julio Cobos y su voto “no positivo”.

Ahora, desplazado el Fondo del Bicentenario por el grado de judicialización que lo rodeaba, la firme intención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de pagar la deuda externa con las reservas del Banco Central, es el nuevo eje de la polémica.

El cambio de figura desorientó, en principio, a la oposición, aunque al momento de llegar a sus oídos ya el operativo para la transferencia de los fondos estaba en marcha, con el visto bueno de la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, hoy en el ojo de la tormenta por haber avalado el trámite.

La réplica llegó cuando la Presidenta estaba en Misiones, el pasado 3 de este mes, ocasión en que con la presencia del ex mandatario y actual senador Carlos Saúl Menem que dio el presente y desde la vereda de enfrente se alzaron con la presidencia de la mayoría de las comisiones e impusieron su voluntad en la conformación de las mismas.

Le siguió una citación a Marcó del Pont que no respondió, la amenaza de derogación de los decretos que liberaron los fondos y fueron a parar a una parte de los acreedores, en tanto recrudecieron los enfrentamientos verbales con excepcionales convocatorias al diálogo.

El complejo panorama parece haber ingresado en un camino salida. Cabe entonces la pregunta; ¿No habrá llegado el momento de atender, a pie juntillas, lo que prescribe la Constitución? Lo contrario, son los desbordes que siempre se suceden para crear un estado de anarquía y ahí se sabe quienes serían los triunfadores: los mismos que la alentaron.

Disturbios en la plaza

La agobiante mañana del viernes pasado se vio sobresaltada, en Posadas, por la acción de un grupo de descontrolados piqueteros de la Corriente Clasista Combativa que después de acampar varios días en la plaza 9 de Julio, desataron su enojo contra la guardia policial y las ventanas de la Casa de Gobierno.

Esos hechos, típicos del vandalismo sin sentido, no deberían conseguir más trascendencia que la de una crónica policial, pero la falta de experiencia y hasta la actitud militante de ciertos comunicadores, contribuyeron para que sus efectos se amplificaran.

¿Qué pasó en realidad? Unos 50 jóvenes que forman parte de la legión de necesitados que maneja Felipe Mazacote, hartos de no hacer nada en el pleno centro de la capital misionera, decidieron hacerse oír con un supuesto reclamo de planes sociales y puestos de trabajo.

Para eso no encontraron mejor método que arremeter con piedras y palos contra la sede gubernativa, en cuyo frente se encontraban dos decenas de policías, alineados, para custodiar posibles desbordes que, hasta un rato antes, estaban lejos de producirse.

Un chorro de agua desde adentro de la Casa Rosada fue el único medio intimidatorio utilizado por los policías y pareció suficiente, aunque después se desató la caza de los vándalos y en las corridas la ligaron varios que tenían poco que ver con la situación. Pero como se dijo, hasta aquí la crónica policial.

Al rato nomás, el ministro de Gobierno, Jorge Franco, convocó a los medios de prensa para expresar el repudio del Gobierno provincial a los sucesos, pero especialmente para remarcar los carrilles por donde, desde hace tiempo, se encontraban las relaciones con el grupo en cuestión.

En el detalle se incluyeron los aportes y beneficios, entre éstos viviendas, que habían recibido los manifestantes de la CCC, en tanto se analizaba la posibilidad de una particular gestión para que llegara a la Provincia el plan “Argentina trabaja”, que depende de la Nación.

Todo eso contribuyó para levantar sospechas acerca de los objetivos reales de Mazacote y su gente, ya que si había negociaciones con el Gobierno, recibieron beneficios especiales, el compromiso de traer los planes que se reclamaban estaba en marcha y hubo un ofrecimiento de planes laborales para jóvenes que nadie quiso: ¿A qué vino tamaño descontrol?

En las horas siguientes, no fueron pocos los medios que denunciaron una cuenta bancaria de unos 200 mil pesos que manejó el referente en los días previos a la trifulca y hasta algunos lo vincularon con un ex gobernador de Misiones.

Pero lo cierto es que a pesar de los cambios de collares, siguen pululando los dirigentes ricos que utilizan a los dirigidos y sus necesidades para sacar provecho, en un país ávido de una mejor distribución de la riqueza que los mismos de siempre resisten, con complicidades por supuesto, desde donde pueden: el Congreso, las organizaciones empresarias, las asociaciones intermedias. En fin… la misma historia desde hace 200 años.

Jueces al banquillo

En Misiones no hay antecedentes de magistrados que, después de ser enjuiciados, hayan sobrevivido en sus cargos. Y pareciera ser éste, el destino de Horacio Gallardo y de José Luís Rey, responsables de haber autorizado las escuchas ilegales que desataron un escándalo nacional.

La excepción, hasta donde llega la memoria que suele ser frágil, marcó una funcionaria que no era jueza sino fiscal: Demetria González de Canteros, quien logró sortear las acusaciones cuando fue sometida a un “jury” con el entonces magistrado Rubén Langbart, finalmente destituido, a fines de los 80.

El caso de Gallardo y de Rey, que llegará al debate con fuertes acusaciones del procurador general Miguel Ángel Piñero, tendría el mismo final de los anteriores, aunque ya anticiparon sus defensores que intentarán encuadrarlo en una cuestión política. Argumento descabellado si los hay, pero válido para cualquier avezado en Derecho.

Es que de acuerdo con las conclusiones del procurador, ambos magistrados recibían los pedidos de intervenciones telefónicas de la Policía provincial, varios de cuyos integrantes tenían estrecha relación con el detenido espía Ciro James; las autorizaban o prorrogaban y ni siquiera se interesaban por los resultados.

Además de constituir una invasión a la privacidad de los escuchados, el procedimiento seguido por Gallardo y Rey enervó la acusación en su contra de “incumplimiento de deberes correspondientes a su cargo”, ya que se demostró que desconocían a quiénes se investigaba.

En la misma causa están procesados cuatro efectivos de la Policía de Misiones; cuatro secretarios judiciales y además de James está detenido el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, los dos últimos allegados al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri.

Hay versiones que vinculan a Gallardo, principalmente, con el ex gobernador Ramón Puerta y a éste, a partir de su reconocida amistad con Macri, como parte de las maniobras para investigar su cuñado de apellido Leonardo, pero son sólo conjeturas ya que si algo hubo, es como la canoa en el agua: no deja huellas.

En el plano de las certezas, el Jurado de Enjuiciamiento deberá dictar sentencia antes del 26 de abril, pero no son pocas las voces que ya comenzaron escucharse con respecto a los posibles reemplazos de los dos que irán al banquillo.

Por un lado, desde los bufetes amigos de los cuestionados magistrados trascendió que alentarían la figura de un abogado de apellido Pico, como una forma de garantizar cierta continuidad en sus relaciones con el interior del Poder Judicial.Otros, más preocupados por la revalorización de la Justicia de Misiones, mencionan al abogado César Yaya, actual titular del Registro de las Personas, como potencial aspirante. Son versiones, ya que en definitiva será el Consejo de la Magistratura el encargado del examen y posterior remisión de una terna al Poder Ejecutivo.