MERIDIANO

La paridad de fuerzas en el Congreso, que dispuso el voto de la ciudadanía, parecía que redundaría en beneficio casi exclusivo del arco opositor, lo cual derivaría en una permanente búsqueda de consensos, un método ideal para encauzar los desbordes que suele traer aparejados la mayoría absoluta.

Pero no fue así, al menos en el incipiente año legislativo que comenzaron a transitar los diputados y los senadores de la Nación, con un pretendido cambio forzoso de la realidad y la siempre riesgosa consigna de llevar adelante las posturas, pese a quien le pese.

Y ahí las circunstancias demostraron -con igual contundencia, al oficialismo y a la oposición-, que no caben solamente los intereses parciales, los partidismos a ultranza ni los personalismos para imponer medidas en los ajetreados cuerpos colegiados.

Ocurrió antes con la elección de autoridades y la conformación de las comisiones en el Cámara alta, y se repitió en la semana que terminó cuando los diputados intentaron tratar el decreto de necesidad de y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo para disponer de más de 4 mil millones de dólares para el pago de deuda externa.

También en la ocasión en que los senadores se aprestaban para considerar el pliego de designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Éste y el anterior caso tenían a unos a favor y a otros en contra, oficialismo y oposición, para ser más precisos.

Las dos cuestiones, aunque en ámbitos diferentes, naufragaron para bien de un sector y para mal del otro, aunque por motivos distintos. En Diputados, el método a seguir para considerar la viabilidad del DNU dividió a los que aspiraban con echar por tierra las pretensiones del Gobierno. Resultado: reproches internos por doquier y beneplácito, según el bando.

En Senadores, donde la equivalencia de los votos es más ajustada, el repentino cambio de opinión de dos legisladoras al considerarse la designación de la titular del BCRA, provocó un revuelo y la consiguiente dispersión de la oposición, que dejaron un tendal de heridos.

Al medio, la presidenta Cristina Kirchner salió a denunciar un intento de destitución, no de su gobierno sino de Marcó del Pont, quien debió cumplir con su derecho a defensa con el dictamen de desaprobación de su pliego fregándole el rostro.

Cierto es que las dos iniciativas quedaron trabadas, por ahora, y se abrió una hendija para el inicio de conversaciones entre los sectores en pugna, a fin de alcanzar algún tipo de acuerdo, relegando la confrontación, como un sano ejercicio, no solo para los casos mencionados, sino como una vía de consolidación de las instituciones.

Desbordes que preocupan

Los incidentes protagonizados, hace dos semanas, por piqueteros de la Corriente Clasista Combativa (CCC), además de las recientes medidas de fuerza de un sector de la docencia provincial y ciertas elucubraciones periodísticas, provocaron la reacción del Gobierno provincial.

El gobernador Maurice Closs y sus más encumbrados funcionarios dejaron de lado el tono dialoguista de los discursos y las conferencias para salir a poner las cosas en claro, frente la sorpresiva agitación que se hizo presente en el ámbito provincial, con especial efecto en Posadas, la Capital.

Es que de un día a otro, la sucesión de los hechos alteró la calma reinante y dio margen a todo tipo de conjeturas con respecto a los protagonistas y los intereses ocultos que representan, como un desafío a desentrañar para comprender sus objetivos.

Por un lado, se reveló que los manifestantes de la CCC, o al menos sus referentes, manejan anualmente cifras millonarias para atender las necesidades de sus adherentes, pero también los gastos que ocasionan sus cotidianas movilizaciones, en casos con estadía en la vía pública, en demanda de más fondos.

Hasta el intendente de Posadas, Orlando Franco, mencionó una abultada cifra que desembolsa el arca de la comuna para sostener -con trabajo- a cerca de medio millar de piqueteros.

¿Por qué entonces fue el desborde de hace dos semanas frente a la casa de Gobierno? Es la pregunta que surgió desde los ámbitos oficiales y que hasta ahora, por las denuncias escuchadas, sólo encontraría respuestas en una acción política coordinada para mellar la gestión del Gobernador.

Del conflicto con los docentes, poco entendible ya que hasta ahora solamente la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) cerró las tratativas salariales, también se tejen sospechas más allá de lo genuino de sus planteos.

Se dice en la jerga sindical que los gremios más grandes, en cuanto a cantidad de afiliados y representación, son los que marcan el camino de las discusiones sobre los salarios, por caso la UDPM, y que las demás organizaciones toman como base de sus pretensiones los montos por aquéllos cerrados.

Ahora bien, lo conducente es que las entidades que no están de acuerdo con el beneficio alcanzado por el gremio señero, bien podrían habilitar vías propias para que sus demandas sean contempladas, sea a través de una mesa de diálogo o de concertación. Pero no fue así al principio, y pareciera que recién ahora, después de 72 horas de huelga, habrá acercamientos.

En cuanto a las publicaciones periodísticas que irritaron al Gobierno, referidas al incremento del endeudamiento de la Provincia y a un supuesto aumento salarial de 140 por ciento para el Gobernador y hacia abajo, el mismo Closs se ocupó de aclarar que ni lo uno ni lo otro es cierto.

Sin embargo, así como en el caso de los piqueteros intervino la Justicia con todo su peso para castigar el desborde, desde el Poder Ejecutivo no se descarta la posibilidad de entablar acciones legales contra los medios, tanto locales como nacionales, que enarbolaron el presunto incremento salarial para los funcionarios.

La UNAM está que arde

La proximidad de las elecciones para renovar las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), transformó esta casa en un hervidero donde pululan nombres, cargos y alineamientos, sin que nadie se anime a confirmar la veracidad de lo que se dice, se hace o se deja de hacer.

Trascendió, a pesar del hermetismo con que la Universidad maneja sus cuestiones internas, como el recambio de autoridades en este caso, que los primeros escarceos estuvieron motivados por la participación de los docentes suplentes como potenciales votantes.

Es sabido que, como pocas en el país, el estatuto de la UNAM contempla un complejo sistema de votos “ponderados”, cuyos resultados fueron destacados en más de una oportunidad, aunque la inserción de los docentes suplentes en el esquema electoral en los últimos años estuvo atada a las necesidades del oficialismo de turno.

Eso significó que, de acuerdo con las necesidades del sector en el gobierno, esa franja era autorizada a sufragar, o no, de acuerdo con los números que arrojaban los sondeos previos. Esta vez, esa importante franja de la comunidad universitaria, quedó afuera por decisión del oficialismo.

Y mientras se suceden las discusiones entre los referentes de los distintos claustros, como desde siempre está presente el ingrediente político-partidario, pero en esta ocasión con un peso desconocido pero necesario a la hora de captar voluntades.

Por ahora emergen dos nombres: el ex diputado Roque Gentile y el actual decano de Humanidades y Ciencias Sociales, Javier Gortari, en la puja por el rectorado. Uno se apoya en el Frente Renovador y el otro quiere sostener sus aspiraciones en los errores del actual gobierno.

Se dice que Gentile, para llevar a buen puerto sus pretensiones, cuenta con el apoyo del ex ministro de Educación y actual diputado provincial, Hugo Passalacqua, mientras que Gortari apuesta a rodearse de lo más granado de la Universidad para disipar los fantasmas que generó el denominado “autopago”.

Ese beneficio, millonario por cierto, favoreció a una pléyade de directivos y funcionarios y derivó en un escándalo con trascendencia nacional, al que ni siquiera la Sindicatura General de la Nación pudo encontrar respuestas, más allá de las formalidades en que se encuadró el desembolso.

Lo cierto es que frente al desfinanciamiento, un mal común a todas las casas de estudios universitarios del país, el dilema en la UNAM hoy por hoy tiene como ejes a la autarquía, por un lado y mediante una gestión eficiente, y la posibilidad siempre latente de que un alineamiento con el oficialismo provincial pueda oxigenar a la gestión por venir.